Por Sergio Del Águila, para El Independiente
Junio 14.- En los peores días de la pandemia cuando el reporte de los
contagiados sobrepasa los 600 diarios y la muerte acecha, Guatemala sufre el
embate de fuerzas de la corrupción y la impunidad que pretenden arraigar sus
más bajos instintos y convertirlos en políticas públicas para el servicio del
crimen organizado.
Lo que se vive no es confrontación “izquierda-derecha”, se
trata de una intentona de romper el frágil orden constitucional en el que el
Congreso de la República en manos de una gavilla de diputados mafiosos bien
conocidos, buscan asegurarse el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y
de las Cortes de Apelaciones, para seguir en la impunidad.
Para tal propósito perverso, esta mafia encabezada por el
presidente del Congreso, Alan Rodríguez, pagando a empresarios y militares
procesados por corrupción y criminalidad, así como legisladores como el mafioso
Felipe Alejos, conocido como “Felipago”, lanzaron una ofensiva contra la Corte
de Constitucionalidad (CC), único poder opuesto a que la impunidad arrodille a
Guatemala.
A esos ingratos legisladores les toca ponerle el tapón a la
botella, luego de todo un plan orquestado para que todos los procesados,
incluidos los presidiarios, Otto Pérez y Roxana Baldetti (la expareja
presidencial) y el más notable de los sobornadores, el empresario farmacéutico
Gustavo Alejos, no solo queden libres, sino que la justicia no los alcance. Los
delitos que han cometido estos desalmados alcanza para imponerles la pena
máxima, 50 años de cárcel.
El hecho es que la CC ordenó al Congreso, elegir a los
nuevos magistrados (13) de la Corte Suprema de Justicia mediante voto a viva
voz, así como a los titulares y suplentes de las Cortes de Apelaciones, luego
de que por más seis meses se ha retrasado
la elección debido a la descarada compra en dinero efectivo de algunos de los
futuros integrantes de dichas cortes.
No han sido elegidos porque los mafiosos como Gustavo Alejos,
procesado por cuatros casos de corrupción contra el Estado, han comprado a
futuros jueces para tener cortes a su conveniencia postergando la elección de
magistrados, que por ley se debe hacer desde el Organismo Legislativo en sesión
plenaria.
Maniobra desesperada de los mafiosos
Resulta que no lo han logrado, porque la CC se ha opuesto
con fundamentos legales a las mafiosidades, por lo que en una maniobra
desesperada esta semana utilizaron a los magistrados suplentes de la CSJ, para
llevar a juicio al máximo organismo del Estado como es la CC, la encargada de
velar por el cumplimiento del Estado de Derecho.
Para tales fines, la delincuencia de cuello blanco alineó a
las fuerzas retrogradas que tienen acceso a algunos medios de comunicación,
buscando hacer creer que la Corte de Constitucionalidad es la mala pieza. No
reparan los delincuentes organizados, que por hoy y según encuestas de sus
propia prensa, el 70 por ciento de los guatemaltecos rechaza que el Congreso,
la CSJ y otros órganos encargados de impartir justicia, están en contra de que
instrumentalice la institucionalidad para que ser perpetúe la impunidad.
Hay dos factores que son claves para el desembrollo de esta
crisis política en Guatemala: 1. Que los mafiosos del Congreso no cuentan con
los 107 votos necesarios (son 160 en total) para desaforar a la Corte de
Constitucionalidad y que sean enjuiciados por no obedecer a los designios de la
corrupción.
2. Que debido a la serie de recursos legales presentados por
la Procuraduría de Derechos Humanos, la sociedad civil y las mismas acciones de
la CC en su contra, se caiga esta nueva intentona de romper el orden constitucional.
Ordenan investigar a
diputados coludidos
Al cierre de esta nota, la pelota está en la cancha del
Ministerio Público, –sin olvidar que la titular Consuelo Porras fue impuesta
por el impune corrupto expresidente Jimmy Morales–debe acatar una resolución de
la CC que le ha ordenado certificar lo conducente para que investigar a los
diputados que están jugando sucio e impedir un golpe de Estado técnico.
En tanto, el presidente Giammattei maniobra abiertamente para
que los titulares de la CC sean
enjuiciados porque atentan contra los designios de los empresarios y políticos
que lo patrocinan, mientras en el país,
el número de contagiados por coronavirus llegó a 17,410, los activos son 13,491, fallecidos son 748 y los hospitales públicos están colapsados.
A juicio del abogado constitucionalista, Carlos Manuel
Bezares, “la solución es que la oposición en el Congreso se oponga a la alianza
progubernamental y que el Ministerio Público actúe, si nos es por voluntad, por
la presión internacional. Hoy más que nunca nos estamos jugando el país”.
Para las próximas horas se espera una tensa calma, pues si
la alianza de mafiosos sigue actuando de hecho, seguramente algún sector
llamará a la radicalidad, dijo Bezares, en referencia a las expresiones que ya
se registran y en las que incluso –como en Paraguay– llaman a prenderle fuego
al Congreso.
¿Y la oposición?
Sobre la oposición política en el Congreso, que va desde la
socialdemocracia hasta la antigua guerrilla, partidos como Winaq, Unidad
Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Movimiento
Semilla, Bien y Acción Nacional se han
desmarcado de las decisiones oficialistas, pero tampoco tienen la fuerza, ni el
arrojo para detener la maniobra del crimen organizado.
Un factor, determinante como lo es la embajada o el gobierno
de Estados Unidos, sigue con atención los acontecimientos, pero solo se ha
limitado a retirar visas a los diputados corruptos, a quienes les viene
literalmente del norte, que no los dejen entrar al país norteamericano.
Solo el senador
demócrata por Vermont, Patric Leahy, se pronunció al señalar que la “CC
está siendo atacada de nuevo por legisladores (corruptos) y organizaciones
criminales” y agregó que Guatemala nunca será una democracia estable sin un
poder judicial independiente en el que la gente confíe.
El senador
precisó que los jueces guatemaltecos deben ser seleccionados en función de sus
calificaciones profesionales, integridad y compromiso con la justicia y deben
estar libres de conflictos de intereses.
Concluyó que
los tribunales han enfrentado repetidas amenazas de los corruptos y hoy la CC,
el guardián de la Constitución… está siendo atacado por grupos criminales que
buscan ignorar su fallos y destituir a los jueces que defienden el Estado de
Derecho.
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