En plena pandemia la mafia trabaja por su impunidad

Por Sergio Del Águila, para El Independiente

Junio 14.- En los peores días de la pandemia cuando el reporte de los contagiados sobrepasa los 600 diarios y la muerte acecha, Guatemala sufre el embate de fuerzas de la corrupción y la impunidad que pretenden arraigar sus más bajos instintos y convertirlos en políticas públicas para el servicio del crimen organizado.

Lo que se vive no es confrontación “izquierda-derecha”, se trata de una intentona de romper el frágil orden constitucional en el que el Congreso de la República en manos de una gavilla de diputados mafiosos bien conocidos, buscan asegurarse el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones, para seguir en la impunidad.

Para tal propósito perverso, esta mafia encabezada por el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, pagando a empresarios y militares procesados por corrupción y criminalidad, así como legisladores como el mafioso Felipe Alejos, conocido como “Felipago”, lanzaron una ofensiva contra la Corte de Constitucionalidad (CC), único poder opuesto a que la impunidad arrodille a Guatemala.

A esos ingratos legisladores les toca ponerle el tapón a la botella, luego de todo un plan orquestado para que todos los procesados, incluidos los presidiarios, Otto Pérez y Roxana Baldetti (la expareja presidencial) y el más notable de los sobornadores, el empresario farmacéutico Gustavo Alejos, no solo queden libres, sino que la justicia no los alcance. Los delitos que han cometido estos desalmados alcanza para imponerles la pena máxima, 50 años de cárcel.

El hecho es que la CC ordenó al Congreso, elegir a los nuevos magistrados (13) de la Corte Suprema de Justicia mediante voto a viva voz, así como a los titulares y suplentes de las Cortes de Apelaciones, luego de que por más seis meses se ha  retrasado la elección debido a la descarada compra en dinero efectivo de algunos de los futuros integrantes de dichas cortes.

No han sido elegidos porque los mafiosos como Gustavo Alejos, procesado por cuatros casos de corrupción contra el Estado, han comprado a futuros jueces para tener cortes a su conveniencia postergando la elección de magistrados, que por ley se debe hacer desde el Organismo Legislativo en sesión plenaria.

 Maniobra desesperada de los mafiosos

Resulta que no lo han logrado, porque la CC se ha opuesto con fundamentos legales a las mafiosidades, por lo que en una maniobra desesperada esta semana utilizaron a los magistrados suplentes de la CSJ, para llevar a juicio al máximo organismo del Estado como es la CC, la encargada de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho.

Para tales fines, la delincuencia de cuello blanco alineó a las fuerzas retrogradas que tienen acceso a algunos medios de comunicación, buscando hacer creer que la Corte de Constitucionalidad es la mala pieza. No reparan los delincuentes organizados, que por hoy y según encuestas de sus propia prensa, el 70 por ciento de los guatemaltecos rechaza que el Congreso, la CSJ y otros órganos encargados de impartir justicia, están en contra de que instrumentalice la institucionalidad para que ser perpetúe la impunidad.

Hay dos factores que son claves para el desembrollo de esta crisis política en Guatemala: 1. Que los mafiosos del Congreso no cuentan con los 107 votos necesarios (son 160 en total) para desaforar a la Corte de Constitucionalidad y que sean enjuiciados por no obedecer a los designios de la corrupción.

2. Que debido a la serie de recursos legales presentados por la Procuraduría de Derechos Humanos, la sociedad civil y las mismas acciones de la CC en su contra, se caiga esta nueva intentona de romper el orden constitucional.

Ordenan investigar a diputados coludidos

Al cierre de esta nota, la pelota está en la cancha del Ministerio Público, –sin olvidar que la titular Consuelo Porras fue impuesta por el impune corrupto expresidente Jimmy Morales–debe acatar una resolución de la CC que le ha ordenado certificar lo conducente para que investigar a los diputados que están jugando sucio e impedir un golpe de Estado técnico.

En tanto, el presidente Giammattei maniobra abiertamente para que los titulares de  la CC sean enjuiciados porque atentan contra los designios de los empresarios y políticos que lo patrocinan, mientras en el país,  el número de contagiados por coronavirus llegó a 17,410, los  activos son 13,491, fallecidos son 748  y los hospitales públicos están colapsados.

A juicio del abogado constitucionalista, Carlos Manuel Bezares, “la solución es que la oposición en el Congreso se oponga a la alianza progubernamental y que el Ministerio Público actúe, si nos es por voluntad, por la presión internacional. Hoy más que nunca nos estamos jugando el país”.

Para las próximas horas se espera una tensa calma, pues si la alianza de mafiosos sigue actuando de hecho, seguramente algún sector llamará a la radicalidad, dijo Bezares, en referencia a las expresiones que ya se registran y en las que incluso –como en Paraguay– llaman a prenderle fuego al Congreso.

¿Y la oposición?

Sobre la oposición política en el Congreso, que va desde la socialdemocracia hasta la antigua guerrilla, partidos como Winaq, Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Movimiento Semilla, Bien y Acción Nacional  se han desmarcado de las decisiones oficialistas, pero tampoco tienen la fuerza, ni el arrojo para detener la maniobra del crimen organizado.

Un factor, determinante como lo es la embajada o el gobierno de Estados Unidos, sigue con atención los acontecimientos, pero solo se ha limitado a retirar visas a los diputados corruptos, a quienes les viene literalmente del norte, que no los dejen entrar al país norteamericano.

Solo el senador  demócrata por Vermont, Patric Leahy, se pronunció al señalar que la “CC está siendo atacada de nuevo por legisladores (corruptos) y organizaciones criminales” y agregó que Guatemala nunca será una democracia estable sin un poder judicial independiente en el que la gente confíe.

El senador precisó que los jueces guatemaltecos deben ser seleccionados en función de sus calificaciones profesionales, integridad y compromiso con la justicia y deben estar libres de conflictos de intereses.

Concluyó que los tribunales han enfrentado repetidas amenazas de los corruptos y hoy la CC, el guardián de la Constitución… está siendo atacado por grupos criminales que buscan ignorar su fallos y destituir a los jueces que defienden el Estado de Derecho.

Fanáticos queman vivo a científico maya en Guatemala

Por Sergio Del Águila, para El Independiente

Junio.2020. El cruel asesinato del sacerdote maya Tata Domingo Choc Che‘, el fin de semana pasado en el municipio de San Luis Petén acusado de ser “brujo” por una secta evangélica de la comunidad, ha causado un amplio repudio, cuyas denuncias ponen al descubierto la intolerancia y la discriminación contra los pueblos originarios guatemaltecos.

Choc Ché fue quemado vivo en un horrendo crimen que indigna a los pueblos y enluta a la comunidad científica mundial, pues se trata de un reconocido científico maya Ajq’ij (guía espiritual/contador del tiempo maya) y Ajilonel (herbalista) miembro del Concejo de Guías Espirituales Releb’aal Saq’e’, de Poptún, Petén, a unos 550 km en el norte de Guatemala.

Trabajaba junto a otros estudiosos de la medicina Maya/conocimiento tradicional, en proyectos antropológicos de la Universidad de Zurich, University College en Londres y de Universidad del Valle de Guatemala.  Al momento de su asesinato compartía conocimientos sobre plantas medicinales logrados sobre la base de la observación botánica y de la biodiversidad, la que lamentablemente la ignorancia y el atraso la  “confundió” con “brujería”.

Tata Mingo Choc  (como se refieren a él con respeto quienes lo conocieron), fue un maestro y experto de medicina natural y plantas medicinales, era reconocido –junto a otros científicos indígenas– como un investigador y portador de conocimientos ancestrales, útiles y vigentes para la salud de las comunidades, que en Guatemala reclaman plenitud de derechos.

Las reacciones

Según diversas reacciones de periodistas, psicólogos, sacerdotes, historiadores, e indigenistas, el crimen no es un acto aislado, sino es el resultado de la práctica constante de descalificación y ataque al conjunto de conocimientos y prácticas culturales ancestrales de nuestros cuatros pueblos: maya, mestizo, garífuna y xinca.

El psicólogo Marco Garavito, se preguntó ¿Quién prendió el fuego para asesinar a Domingo Choc Che’ ?  y responde: las autoridades deben esclarecerlo también desde la historia y recuerda que el precedente fue sembrado por el conquistador Pedro de Alvarado, cuando en Gumarcaah el día 4 Qat (7 de marzo de 1524) quemó vivos a los reyes quichés, Ahpop y Ahpop Qamahay.  

“Casi 500 años después la realidad de discriminación y racismo continua”, señala Garavito quien es presidente de la Liga de Higiene Mental, y quien hace eco de quienes afirman que el crimen contra Tata Domingo Choc Che´ es parte de la desvalorización que por siglos se ha hecho de prácticas cosmogónicas mayas que están vivas e inspiran la lucha de los pueblos originarios.

Por su parte el poeta y columnista, Jorge Mario Salazar Monzón, indignado, condena que resulta increíble e inaceptable que por ideas religiosas se criminalice y ejecute sumarísimamente a personas que cumplen un deber con la comunidad y con la madre tierra. “Quien prendió el fuego tiene nombre. No es el simple fanatismo, son personas las responsables”, dijo Salazar al pedir persecución penal contra los ejecutores de este crimen investigado por el  Ministerio Público.

“No olvidemos que la inquisición intelectual y el etnocidio espiritual, se incrustó en Guatemala con la llegada de las sotanas españolas, su biblia y su cruz, todo eso reforzado con la soldadesca y ese ignorante racismo y discriminación cultural que sigue presente hasta nuestros días”, señaló el sociólogo Jacobo Vargas Foronda.

Ignorancia llena de dogmas

“Para reforzar esa asesina ignorancia llena de dogmas”, agrega Vargas Foronda, los estadounidenses montaron la masiva evangelización desde las filas del Ejército de Guatemala, “todo organizado por la CIA, llegando a fundar el centro de operaciones religiosa para América Latina a partir de la otrora Iglesia de El Verbo”, operada en Guatemala por el ya fallecido dictador Efraín Ríos Montt.

 “Este acto violento y profundamente cruel es la imagen de una sociedad enferma atrapada en pantanos del colonialismo, racismo, prejuicios, ignorancia y prácticas propias de La Inquisición, precisa la escritora, Marcela Gereda.

¿Cuánto conocimiento perdimos y perdieron los pobladores de Chimay al calcinar en llamas de maldad, odio e incomprensión a este maestro del arte de conocer las plantas medicinales?  Se preguntó Gereda a lo que añadió otra interrogante: ¿Cuánto podríamos crecer como sociedad si supiéramos pensar no sobre la diversidad cultural, sino desde la diversidad cultural?

En Guatemala por siglos de racismo y desprecio, los sucesivos poderes políticos y la sociedad no hemos sido capaces de reconocer el inmenso valor existente en el conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas, denuncia la también analista.

Para el director del vespertino La Hora,  Oscar Clemente Marroquín, lamentó que el condenable crimen sea visto como parte del paisaje natural de este país por mucha gente urbana, para quienes se trató de un linchamiento más, en esta patria tan desvalorizada no es una cosa del otro mundo y menos si la víctima es un indígena.

Al comparar la ola de protestas en Estados Unidos por el asesinato de  George Floyd,  Marroquín advierte que es triste reconocer que el crimen de un científico maya, “ni siquiera nos inmuta,  se ve como un linchamiento más, un acto de barbarie” que ha afectado por años principalmente a las regiones más pobres de este país.

La mala imagen del presidente Giammattei

Por Sergio Del Águila. Junio 2020.  De nada sirve tener un presidente de pura imagen, menos una construida sobre la base del ensayo y error, en un juego dilatorio en busca de medida, como si la conducción de gobierno fuera conferida a un hombre, además del mérito electoral, por su temperamento o porque es un hombre que “le habla al pueblo como le gusta”.

No abona en nada al país mantener con imagen falsa del gobernante  “sensible”, “capaz de llorar ante las cámaras” porque lo único que genera es una de demagogo,  incapaz de dirigir el ejecutivo del gobierno y por tanto rodeado de técnicos quizás preparados en su materia, pero incapaces de gestionar y administrar.

Demasiadas poses las de Giammattei, vive salpicado de falsa satisfacción contando éxitos inexistentes, hablando de enemigos imaginarios, cuando en realidad es obligación del Gobierno tomar todas las medidas para que se traduzca en acciones a fin de enfrentar la crisis de salud por el coronavirus.

A los guatemaltecos, la mayoría desempleada y subempleada, les cuesta aceptar las mentiras o verdades a medias de un jefe de gobierno –que cada día se nos impone a través de cadenas de radio y tv–, en las que en vez de  informarnos del estado de la crisis de Covid-19, o  de las consecuencias del último temporal, se desvíe del fondo dora

ndo la píldora.

Es lamentable que a veces lo presenten como un merolico de buen ánimo y “chistosito”; otro día bravucón y amenazante, o, como aprendiz de dictador y otras para jugar al estadista. Algunas veces se asoma y otras como lo que lo dejan libre para que imponga su estilo, que  lo tiene, y es el de estar en campaña electoral.

Otros días se le ocurre ponerse a regañar a los ciudadanos, para liberarse de sus culpas como que si nosotros fuéramos los responsables de sus incapacidades, pero muy pocas veces se refiere a las denuncian que ya abundan en su  contra y del gobierno sean públicas,  o de corrillos.

De nada nos sirve tener un presidente cuya imagen es la de un funcionario que se ha plegado a poderosos grupos económicos,  cuyas consecuencias han redundado en un mal manejo de las medidas contra la pandemia, que además, no ha cumplido con las leyes  y la Constitución y, bien merece acciones penales en su contra.

La mala imagen que tiene el presidente, es el resultado de la mala estrategia de “marketing político” que sus asesores de comunicación e imagen le imponen. No se percatan que la percepción que tiene la gente de él es que viene en franca caída, tal como lo hizo público la encuesta de ProDatos, en mayo reciente.

El estudio, que midió distintos aspectos sobre el impacto del Covid-19 en Guatemala, refleja una disminución de 16 puntos porcentuales al comparar los estudios de abril y mayo en ese aspecto.

Según esa consulta de un 83 por ciento que el mes pasado dijo estar “muy de acuerdo con la forma como el presidente está manejado la situación del coronavirus” –8 de cada 10–, bajó a 67% en la medición de mayo.

Usar la estrategia de marketing político con fines de campaña electoral, presentada como exitosa cuando “el cliente” logra ganar un puesto de elección nacional, es válida en ese sentido, pero lo ¿será para  usarla en la venta de la imagen de un presidente? ¿necesita vender una imagen que no es la suya?

La imagen pretendida de “buena onda” que le dan a Giammattei es una que no le corresponde, porque él se ha declarado ser solidario con los intereses de los guatemaltecos, pero ha aprobado medidas del sector empresarial  que en esta crisis de salud solo los benefician a ellos,  dice una cosa pero hace otra.

El fantasma de la ingobernabilidad recorre Guatemala

Por Sergio Del Águila. Guatemala, 15 mayo. La falta de un plan maestro preciso y concertado con las comunidades organizadas que tengan alcance certero para enfrentar la crisis del Covid-19 y lo que ya se dejó venir, enfilará a Guatemala a sumergirse en el mar de la burocracia, corrupción y desesperanza, que ya provoca estertores de ingobernabilidad. Como bien sostienen expertos, el gobierno está asustado, pero si hubiesen hecho caso a las previsiones de científicos evitarían estar dando de bandazos, ello porque no existió una plan consistente. Desde el 6 de mayo pretendieron liberar las trancas para que todos se contagiaran, pero se arrepintieron porque sabían que los pueblos tienen sus propias respuestas. Este fin de semana pretendieron cerrar “todos” los negocios, justo cuando el pueblo asalariado debió cobrar su quincena o semana y sigue sin recibir la ayuda de los cacareaqueados 12 programas sociales, que está claro, se entregarán solo cuando los grandes centros comerciales abran. El presidente Giammattei y sus asesores sabían que en la fase 3 de la pandemia, el aumento de casos sería exponencial y se presentarían miles de contagios y aun así pretendieron levantar las medidas de confinamiento, en medio de evidentes presiones de los sectores económicos poderosos, aunque lo desmienta. También saben que cuando Guatemala haga las cinco mil pruebas diarias que se necesita, la cantidad de contagios será dramática y el “muerterío”, embargará nuestros sentimientos y exacerbará los ánimos de este pueblo aguantador, que –no lo duden– ha probado el éxito de su rebeldía. Líderes comunitarios, alcaldes indígenas, jefes ediles, sindicatos, científicos, activistas y organizaciones de derechos humanos le han venido advirtiendo al mandatario que las medidas arbitrarias y sin sentido humanitario en este país de pobres, llevarían al hambre, al extremo y a la violencia. Desde el viernes 14 de mayo, cuando abrupta y sin anestesia el jefe del Ejecutivo mandó al encierro a “todos” –cuyo anuncio pudo dosificar en la semana para que no nos quedáramos sin tortillas, frijoles y otros insumos básicos– la gente llegó al límite del aguante y las protestas ya son parte de la nueva situación. Giammattei y las órganos cúpula (aunque se crea que no todo es granítico entre ellos) no tenía necesidad de provocar la reacción de la gente que ya se empezó a cansar de la demagogia. No se olvide que el ciudadano cada día cree que este gobierno es más de lo mismo del corrupto de Jimmy Morales y del narco gobierno de Otto Pérez Molina. Resultó inaceptable que esta administración ingrata, permitiera este fin de semana que solo el transporte de los negocios del gran capital circularán, mientras el camión de la carne, leche, huevos, la bicicleta y la moto del panadero y toda la actividad de abastecimiento no monopolizado, enfrentó la excesos de agentes policiales que se pasan de la raya y cumplen las disposiciones a su antojo. Las acciones torpes solo abonan al descontento y justifican los argumentos de los pueblos organizados que ya dan muestras de estar preparados para resistir la represión y sobre todo para enfrentar lo que viene de la crisis de salud, pues saben que se desembocará en una coyuntura especial marcada por la ingobernabilidad. Además de los bloqueos de carreteras el viernes y sábado en Totonicapán, Quiché y Alta Verapaz y particularmente en San Francisco El Alto, donde los antimotines fueron rechazados en batalla campal por gente descontenta, este domingo autoridades de Sololá impidieron el ingreso de transporte con productos de las grandes empresas. Según las autoridades indígenas, la medida se tomó ya que sí el presidente ordenó cerrar los mercados populares, “también las grandes empresas deben cerrar y no seguir atendiendo con el servicio a domicilio” que solo beneficia a expendedores de comida chatarra, cuyos dueños son los mismos financistas de Giammattei. La gente sin ingresos no tiene acceso a esos servicios. Las autoridades sololatecas piden que las medidas sean parejas para todos, pues los agricultores del occidente sufren por las pérdidas económicas significativas al no poder trasladar sus productos a los mercados tanto de Sololá, como de la capital. Denunciaron que además del cierre de la carretera, –esto también para todo el país– varias calles del casco urbano fueron cerradas para impedir que restaurantes, panaderías, farmacias y personas particulares que han iniciado negocios de servicios, lo sigan haciendo. Es previsible que la gente siga desoyendo al gobierno, que aunque el presidente se ponga bravucón y crea que regañando le van a hacer caso, los pueblos avisoran que vienen momentos y coyunturas de ingobernabilidad; por ello no hay que perder de vista que dialogar, negociar y concertar, le puede salvar el pellejo a Giammattei.

Distanciamiento físico, no distanciamiento social

Por Sergio Del Águila, periodista Entre el bombardeo de información sea declaraciones, entrevistas, mensajes y campañas con frecuencia se lee y se escucha de boca de funcionarios, técnicos y comunicadores, decir distanciamiento social, cuando en realidad lo que la pandemia del Covid-19 obliga es al distanciamiento físico, dejar dos metros frente al otro. Pareciera sin importancia hacer apuntes sobre el uso del concepto, pero en este caso cambiar el uno por el otro evidencia desde desconocimiento hasta una mala intencionalidad de tergiversar y abastraer, al distanciamiento social en su dimensión de categoría de las Ciencias Psicológicas. La Psicología Social marxista define a la distancia social, que nada tiene que ver con la distancia geográfica o espacial, en el que el concepto distancia está vinculado con diferencias políticas, económicas, culturales y de diverso tipo, que se producen entre grupos sociales de hombres y mujeres que interactúan. Según los estudios de un conjunto de autores, encabezados por A. Leontiev y K.K. Platonov estas diferencias, son producto de la distancia social impuesta; se visualizan en el sistema de estereotipos sociales y cuanto más negativas son las ideas de un grupo sobre otro, más intensa es la percepción de exclusión. El uso del término de distancia social ha devenido en la práctica y manejo como la distancia de clase que separa a personas, el refrán clásico “juntos pero no revueltos” –usado por algún vocero empresarial en marzo pasado– y otras conductas a manera de ejemplos, reflejan que se practica una permanente separación. La más dramática es la exclusión económica, la distancia entre hombres y mujeres por su nivel a acceso al trabajo, a la riqueza y bienestar y, por lo tanto a las facilidades que solo disfrutan ciertos grupos con poder adquisitivo, pero que mantiene fuera a una inmensa mayoría como la que vive en Guatemala. La pregunta es si hay intencionalidad en tergiversar el verdadero sentido del concepto de distanciamiento social, sea latente o manifiesta, o si se trata de algún desconocimiento que –no porque se busque polarizar– sino porque pretenden hacer creer que no se vive en una sociedad antagónica, pero donde la clase burguesa pone la pauta para aumentar las distancia social. La Psicología Social burguesa ha creado métodos para mantener y aumentar la distancia social entre grupos de seres humanos, aunque tengan intereses comunes, como por ejemplo los sistemas de educación en nuestro sistema capitalista: la enseñanza formal es pública para pobres y privada para ricos, o capas medias con recursos. Los adinerados y ricos viven bien lejos de los barrios de trabajadores, tienes sus clubes exclusivos, etcétera. Otra práctica para mantener y aumentar la distancia social está vinculada a la imposición de estereotipos sociales. En Guatemala, como en el continente, la idiosincrasia popular ha estado impregnada por el pensamiento burgués que pinta a los oprimidos como perezosos, ignorantes, abusivos, “choleros”. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de manera arbitraria, sin piedad, se ha apropiado para sí las dos palabras “distanciamiento social” y pone entre paréntesis “distanciamiento físico”, como si lo uno es lo otro. Claro que lo hace con fines prácticos y se refiere a la medida para desacelerar los contagios por coronavirus a nivel local, nacional y mundial, es decir mantener un espacio entre personas. Llama la atención el hecho de que se recomiende el no contacto con grupos y evitar concentraciones, más otras afirmaciones como que las personas se tengan que acostumbrar a convivir con el coronavirus por meses o años, lo cual nos obligará al aislamiento permanente. Me suena a que buscan evitar que discuta el origen de los grandes problemas sociales como el distanciamiento social que provoca la sociedad. El pasado 15 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo público que recomendaba que se usara distanciamiento físico porque el otro concepto puede implicar una sensación de desconexión de los seres queridos y en un momento en que estar físicamente aislado de los demás, puede afectar la salud mental. “Hemos estado diciendo ‘distanciamiento físico’ porque es importante permanecer físicamente separados pero socialmente conectados”, dijo Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, y agregó que las personas deben cuidar su salud mental y la de los seres queridos durante la pandemia. “La organización quiere subrayar cuán importante es que las personas se mantengan socialmente conectadas; no hay confinamiento de la risa, ni para hablar con la familia y encontrar formas de conectarse”, indicó la funcionaria. La OMS dijo que mantenerse físicamente alejado de los demás es una de las formas más efectivas en este momento para combatir la propagación del virus. Sin embargo, hacerlo va en contra de los deseos de conexión y contacto físico de las personas y podría contribuir a sentimientos de ansiedad, soledad, miedo y dolor que podrían crear otra crisis: una de salud mental.

La publicación que posteo, no es nada descabellada

El Falso Atentado de Boston: ¿Craft International, una empresa privada de seguridad militar está detrás de todo? (Fuente: 2012 El Blog). http://www.notybookcity.com/Noticias-ms-ledas/falsosatentadosboston

Recordar a las víctimas en este día aciago

Hoy 18 de abril fue un día trágico para la justicia en Guatemala porque una jueza decidió anular una parte del juicio que por genocidio se sigue contra los generales retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodriguez. En este día aciago, recordamos a todas las víctimas de la cruel represión militar y policial aplicada desde los años 70 y 80 en contra de líderes populares y que malamente, progandistas y algunos periodistas desinformados, pretenden hacer creer que los crímenes de lesa humanidad se cometieron en el marco del conflicto armado interno.

El querido colega, Armando Ramírez, un comunicador con altas credenciales académicas me hizo llegar su testimonio el cual reproduzco íntegro:

Guatemala, ni perdón ni olvido, mientras haya impunidad

Mis padres, Rodolfo Ramírez, secretario general de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), y Andrea Rodríguez de Ramírez, su esposa, regresaban a casa después de las 10 de la noche del 15 de abril de 1980 cuando fueron interceptados por agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala. Los atacantes se conducían en por lo menos cuatro automóviles y dos motocicletas, uno de los cuales era marca Toyota color café con placas de circulación P-31209; vestían de civil, como era costumbre en las fuerzas de seguridad de la época, en especial del Cuerpo de Detectives o del Comando 6 de la Policía Nacional. Las unidades de exterminio actuaban bajo las órdenes de los cuerpos de inteligencia del Ejército de Guatemala, para eliminar a quienes eran consideradas como enemigos internos del Estado. Quienes planearon y ejecutaron el asesinato de mis padres, al igual que centenares de dirigentes sindicales y campesinos, gozan de plena libertad e impunidad, sin que el Estado Guatemalteco haya iniciado las investigaciones, a pesar de que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, desde noviembre de 1980. Dos automóviles bloquearon el paso del auto en el que se conducían mis padres y un hermano, encerrándolo, mientras sus tripulantes dispararon sus armas, calibre 45, contra el rostro y el pecho de ambos. Él murió de inmediato tras decir: “Ahora sí, Andrea”. Ella logró abrir los ojos e intentó decir algo a los hermanos que se acercaron a ellos, tras escuchar los disparos. Un automóvil con hombres armados en su interior permaneció varios minutos a unos metros de nuestro domicilio mientras los tripulantes de las motos recorrían las calles de la zona y luego se mezclaron entre los vecinos que salieron al oír los disparos. Salvo el informe manuscrito de los agentes que acudieron al lugar, en el resto de los reportes oficiales se asegura que se ignora el calibre de las armas y que fueron atacados por un individuo que se dio a la fuga, así como que sólo recibieron dos y un disparo. El calibre también fue omitido en el acta de defunción y está desaparecido el expediente de la necropsia de ley. Nuestros padres recién habían cumplido 25 años de casados. Mi madre era obrera de la industria costurera y al casarse se dedicó por completo al cuidado de nosotros, sus hijos. Nuestro padre era secretario general del Sindicato de Albañiles y Similares de Guatemala y de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), integrante del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), representante ante la Federación Latinoamericana de la Edificación, la Madera y la Construcción (Flemacon), ante el Comité de Unidad Sindical de Centroamérica (CUSCA), ante el Congreso Permanente de Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) y ante la Federación Sindical Mundial (FSM). Tenía más de 20 años de actividad sindical y en 1977 y 1978 fue advertido por terratenientes de las regiones de las verapaces, en el norte de Guatemala, entre ellos uno de apellido Champán, de que sería ejecutado si regresaba. Empezó su actividad sindical en los años 60, cuando los trabajadores se enfrentaron a la constructora DELTA por sus reivindicaciones, tras lo cual terminó siendo despedido. Puso su propio taller en casa y prácticamente todo lo que era de madera en la casa era hecho por él. Además hizo una ampliación a la casa para acomodar a su familia numerosa, que por tiempos incluía a las abuelas materna y paterna. En su juventud conllevó una mezcla de religiosidad e interés intelectual, era miembro de varias hermandades religiosas a los que solía devotamente llevar a todos sus hijos para la Semana Santa. En su vocación autodidacta, leía muchos libros de toda clase, de filósofos americanos, de religiosos, de poetas. Luego empezaron a conocer los libros de anarcosindicalistas y de Marta Harneker. Poco después de su asesinato, sus compañeros de lucha explicaron que tras conocerse que su nombre estaba en una de las listas de sentenciado por el régimen para ser eliminado, él rechazó salir del país, ante el temor de que si lo hacía, los militares decidieran cobrar venganza contra su esposa e hijos. Los ministros de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social habían amenazado a los integrantes del comité ejecutivo de Fasgua. Hombres armados habían ametrallado la sede de la federación en la ciudad de Escuintla. La persecución contra nosotros, sus hijos se inició desde el mismo día del asesinato. Cuando esperábamos en la morgue, los cuerpos de nuestros padres y nos dirigimos a una cafetería del lugar, fuimos vigilados por dos individuos que se conducían en motocicletas, al parecer los mismos que participaron en el ataque, minutos antes. El día del sepelio, la sede de Fasgua fue objeto de una fuerte vigilancia. Por teléfono, desconocidos preguntaban con insistencia por los hijos de los asesinados, en especial por quien había visto el ataque. Al responder, sólo se escuchaba la respiración de quien se encontraba en la línea, sin decir palabra alguna. En la marcha fúnebre fuimos acosados por contingentes antimotines. Al volverse insoportable nuestra estancia en Guatemala, por la zozobra que nos generaban las múltiples intimidaciones recibidas, el 22 de mayo de 1980, salimos hacia Costa Rica bajo la protección de la embajada de Venezuela en Guatemala. Continuamos en el exilio en diferentes países de Europa y América, donde hemos decidido permanecer en tanto continúe la impunidad de los asesinos de nuestros padres. El caso fue denunciado el 17 de noviembre de 1980 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que bajo el expediente 7585 pidió información al gobierno de Guatemala el 19 de diciembre de 1980 y el 20 de abril de 1981, sin que haya recibido respuesta a la recomendación de que se investigaran los hechos. El hecho continúa sin ser esclarecido por parte de las autoridades guatemaltecas y quienes elaboraron y ejecutaron la estrategia contrainsurgente, que incluyó el asesinato de nuestros padres, retomaron el gobierno por medio del Frente Republicano Guatemalteco y el Partido Patriota. Las posibilidades de lograr justicia y el castigo a los responsables por medio de los tribunales guatemaltecos continúan siendo nulas. El caso fue presentado en abril de 2009 ante el Ministerio Público, sin que hasta ahora se conozcan avances en la investigación. En octubre de 2011, el caso también fue presentado ante la Procuraduría de Derechos Humanos, donde un año después se nos informó que el expediente desapareció, sin que hasta el momento se conozca avance alguno en las investigaciones. También se presentó en diciembre de 2012 una denuncia por el caso ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Los informes sobre lo sucedido en la época de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), omitieron el caso, lo que ha servido para que el gobierno de Guatemala asegure que se carece de elementos para considerar que los hechos que denunciamos son verdaderos.